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Luis Fanjul (Cs): «La Administración regional ha llegado tarde a la implantación del teletrabajo»

by csasturias — 20 abril 2020 @ 14:43
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La Junta aprobó una resolución en 2018 que insta a establecer dicho método de trabajo. El parlamentario también solicitó a la consejera que refuerce la plantilla de Justicia para evitar atascos en los procedimientos

Oviedo, 20 de abril 2020.- El diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos, Luis Fanjul, ha manifestado en la comparecencia de la Consejería de Presidencia ante el grupo de trabajo sobre el coronavirus que en cuanto a la implantación del teletrabajo en la Administración asturiana “el Gobierno del Principado de Asturias ha actuado igual que los malos estudiantes que dejan todo para el final y preparan el examen el día antes. La Administración asturiana ha llegado tarde a la implantación del teletrabajo, a pesar de existir desde el año 2018 una resolución de la Junta General que instaba a ello». «Además -ha añadido- en el futuro se tienen que implantar las medidas necesarias para que el conjunto de los empleados públicos pueda realizar el teletrabajo con los medios suficientes, criterios de evaluación y consecución de objetivos».

Luis Fanjul también se refirió a la situación de la Justicia y, en concreto, a los pagos pendientes debidos a los abogados del turno de oficio. «Hay que agilizar los plazos de pago que corresponden al último trimestre que aún están pendientes. Muchos de los trabajadores que están en el turno están en régimen de mutualista y además muchos de ellos empiezan ahora a ejercer la abogacía, por lo que sería necesario extender las ayudas a trabajadores autónomos a este colectivo», ha explicado.

El diputado del grupo parlamentario de Cs ha solicitado también a la consejera que refuerce la plantilla de la Administración de Justicia para evitar el atasco de los procedimientos a medida que las tramitaciones de los expedientes judiciales lo vayan permitiendo. Además, también ha aprovechado para pedir la tramitación judicial de escritos y demandas debe atenderse a razones de interés público, sin que se dé prioridad a procedimientos que puedan generar perjuicios a los colectivos especialmente vulnerables económicamente a consecuencia de esta pandemia, como son los autónomos y las PYMES.

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