18 de junio de 2020. La diputada de Ciudadanos Susana Fernández ha reclamado al Principado medidas de apoyo para favorecer la recuperación de las empresas y autónomos que se dedican a actividades de ocio y tiempo libre, así como los que prestan servicios auxiliares educativos. En este sentido, el grupo parlamentario ha registrado en la Junta una proposición no de ley en la que pide al Gobierno de Asturias que clarifique ya si van a poder reanudar su actividad y en qué condiciones y que establezca cauces de diálogo con el sector para acordar las líneas de actuación más favorables para su reactivación.

“Sabemos que son muchos los sectores que se están viendo afectados por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, pero también es cierto que hay algunos a los que se les está prestando más atención mientras otros, como este del sector de las actividades de ocio y tiempo libre, están cayendo en un olvido que puede implicar la desaparición de multitud de puestos de trabajo”, explicó Fernández.

Se trata además, señaló la parlamentaria, de un colectivo “fundamental” en muchos casos para facilitar la conciliación de las familias con hijos durante los períodos vacacionales. De entidades o profesionales que, a falta de muy poco tiempo para el inicio de las vacaciones escolares de verano, “no cuentan con seguridad jurídica de ningún tipo al respecto de si en el Principado se va a poder llevar a cabo este tipo de actividad económica, y en la hipótesis de que se permitiera, cuáles serían las condiciones que los distintos operadores tendrían que cumplir”.

“La incertidumbre es mucha, porque estamos a menos de 15 días de que se inicie julio y consideramos que el Principado tiene que clarificar ya la situación, hay muchas familias que dependen de ello, quienes tienen su puesto de trabajo en este sector y también los padres y madres que solían hacer uso de campamentos y otra serie de actividades de tiempo libre”, añadió.

La iniciativa parlamentaria insta al Consejo de Gobierno a habilitar, antes del 1 de julio de 2020, y de acuerdo con los profesionales y operadores afectados, “los medios y protocolos técnicos y/o jurídicos necesarios” para la reactivación del sector.