29 de julio de 2020. La diputada Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en materia de Industria en la Junta, ha lamentado el “nuevo fracaso” del consejero Enrique Fernández tras conocerse que el Gobierno de España ha aprobado el Programa Reindus sin tener en cuenta las reclamaciones de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) con las que el Principado supuestamente estaba de acuerdo. La parlamentaria ha pedido al consejero que dé explicaciones públicas sobre qué gestiones habría realizado para evitar la situación que finalmente se ha producido y que detalle los motivos, si es que los conoce, por los que, una vez más, los planteamientos de Asturias no han sido escuchados.

“El consejero de Industria nos tiene que explicar a todos los asturianos qué es exactamente lo que ha hecho para tratar de hacer valer sus reclamaciones, si es que ha hecho algo, porque a estas alturas no le conocemos ningún éxito en lo que se refiere a su capacidad de interlocución con el Gobierno de España o con la ministra Maroto. Tiene la obligación de explicar públicamente cuáles han sido esas gestiones y si al menos alguien desde Madrid se ha dignado a dirigirse a él para explicarle por qué no han sido asumidos sus planteamientos”, explicó la diputada naranja.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la convocatoria del Programa Reindus (préstamos a la inversión industrial, correspondientes al Programa de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial) para el año 2020, con un importe máximo de 340.920.000 euros. La convocatoria restringe las ayudas a un máximo de 800.000 euros por proyecto, pese a que la patronal asturiana había pedido el apoyo del Ejecutivo asturiano para evitar esta limitación en los avales. Hay que tener en cuenta que el establecimiento de este límite, tal y como advirtió FADE, implicaría dejar fuera a muchas de las iniciativas que suelen presentarse en el Principado, donde suelen optar a esta convocatoria proyectos que requieren de una financiación por encima de ese techo máximo.

Esta restricción económica a un máximo de 800.000 euros es uno de los cambios más relevantes introducidos por el Gobierno en esta convocatoria, pero se suma a otros que, tal y como advierte Susana Fernández, no hacen más que añadir trabas a una iniciativa cuya finalidad debería ser justamente la contraria, la de facilitar los planes de modernización y expansión generadores de empleo, máxime en un contexto como el actual. Entre otras circunstancias, la parlamentaria se refirió al hecho de que en la actual convocatoria se acortan los períodos de amortización de los préstamos (en la de 2019 eran de 10 años y 3 más de carencia y ahora pasan a 6 años y 3 de carencia) y se reducen los plazos para la presentación de proyectos en casi un mes y medio respecto a la del año pasado.

“Esta situación no puede entenderse sino como un nuevo mazazo a los intereses de Asturias. El consejero, en su línea, calla. Porque el Gobierno del Principado sigue siendo incapaz de hacerse oír en lo básico, en lo que afecta a la industria, uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestra comunidad y sin la cual no hay horizonte claro para la recuperación económica”, concluyó la diputada de Ciudadanos.