Ciudadanos defiende una Proposición no de Ley para que la Junta General inste al Gobierno asturiano a implantar un modelo consensuado de colaboración público-privada para valorar y evaluar la discapacidad
«Asturias tiene la tasa más alta del país con 120 casos de discapacidad por cada 1.000 habitantes y también cuenta con la tasa más alta en lista de espera para las valoraciones, con unas cifras que alcanzan hasta los 36 meses, el triple de la media nacional», ha advertido el diputado Manuel Cifuentes
Oviedo, lunes 21 de febrero de 2022. El diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos Manuel Cifuentes defenderá este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) para que la Junta General del Principado inste al Consejo de Gobierno a que implante un modelo consensuado de colaboración público-privada para que valore y evalúe la discapacidad.
«Con esta propuesta buscamos agilizar la resolución de estos expedientes, así como que sirva de herramienta para garantizar la flexibilidad de un sistema que en la actualidad es lento y farragoso y que para muchas familias supone la imposibilidad de acceder a unos derechos que por ley le corresponden», ha indicado el diputado.
En este sentido, ha advertido de que en Asturias existen 125.000 personas con discapacidad, en concreto, 120 casos por cada 1.000 habitantes, lo que la convierte en la región con la tasa más alta del país, y también con la tasa más alta en lista de espera para hacer las valoraciones, que alcanzan hasta los 36 meses, el triple de la media nacional.
«Lo que para muchos de nosotros son simples cifras, supone un drama diario para las familias a las que afecta, más cuando la solución parece relativamente sencilla: aumentar el número de médicos que se encarguen de hacer estas valoraciones», ha explicado.
El diputado también ha alertado de que en España la media para obtener la valoración del grado de discapacidad es de 10,4 meses, mientras que en ciudades como Gijón hay que esperar 18 meses de media y esta cifra se dispara en Avilés y Oviedo con hasta 36 meses de espera.
«Parte de la solución pasa por ampliar la red de profesionales de distintas especialidades, que se hagan cargo de estas valoraciones, profesionales que a día de hoy prefieren trabajar en puestos que les resultan más atractivos, quedando vacantes las plazas destinadas a estas funciones de valoración en la administración pública asturiana», ha aseverado.